Antecedentes del caso 

En 2017, Juana Rivas, una madre de Granada, se negó a devolver a sus dos hijos a su expareja, Francesco Arcuri, alegando que él había ejercido violencia de género contra ella. Rivas había denunciado a Arcuri por malos tratos en 2009, lo que resultó en una condena en Italia. Sin embargo, tras reconciliarse y tener un segundo hijo, la relación volvió a romperse. En 2016, Rivas denunció a Arcuri por presuntos malos tratos, citando los antecedentes de violencia doméstica de 2009. Sin embargo, esta denuncia de 2016 no prosperó judicialmente, y la custodia compartida se mantuvo. 

Rivas decidió regresar a España con sus hijos sin el consentimiento de Arcuri y, posteriormente, incumplió una orden judicial que exigía devolverlos a su padre en Italia, alegando que su expareja representaba un peligro para ellos. En 2018, fue condenada a cinco años de prisión por un delito de sustracción de menores, según el artículo 225 bis del Código Penal.  

La sentencia también la condenó a la pérdida de la patria potestad durante seis años, así como la obligación de indemnizar al padre por los daños morales sufridos. El tribunal consideró que Rivas actuó de manera unilateral y deliberada, perjudicando a los menores al mantenerlos alejados de su padre y vulnerando sus derechos fundamentales. 

En 2021, tras varios recursos, el Tribunal Supremo rebajó la condena a dos años y medio de prisión, manteniendo la pérdida de la patria potestad. Esta reducción respondió a la aplicación de atenuantes, pero confirmó que su actuación había sido contraria a derecho. 

Desarrollos recientes 

En enero de 2025, Juana Rivas logró suspender el retorno de su hijo menor a Italia tras las vacaciones navideñas, quien viajó a España para estar con su madre ya que es su padre quien ostenta la custodia. Según los abogados de Rivas, el padre de los menores está siendo investigado por violencia contra los niños, lo que justificaría la necesidad de protegerlos en España.  

Además, la Fiscalía italiana ha solicitado una revisión del régimen de custodia del hijo menor, proponiendo que sea transferida a Juana Rivas. La solicitud se fundamenta en un posible cambio de circunstancias que podría justificar la modificación, aunque dicha petición está aún pendiente de resolución en los tribunales italianos. 

Estos nuevos desarrollos subrayan la complejidad del caso, que sigue generando resoluciones cruzadas entre las jurisdicciones española e italiana. 

Este caso deja abierta una pregunta clave: ¿cómo puede el sistema judicial equilibrar la protección de menores con el cumplimiento de decisiones extranjeras? La respuesta a esta cuestión será crucial no solo para Juana Rivas, sino para todos los que se encuentren en situaciones similares.  

En Zabala-Elosegui, tenemos un departamento especializado en materiales penales, con experiencia en asuntos de violencia de género y violencia doméstica hacia menores.