1. Qué son las licitaciones públicas

La licitación pública es el procedimiento por el que una Administración (local, autonómica o estatal) selecciona al adjudicatario de un contrato para la ejecución de obras, prestación de servicios o suministro de productos, garantizando principios básicos como la publicidad, la libre concurrencia, la igualdad de trato y la no discriminación, de acuerdo con la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) 9/2017, de 8 de noviembre.

2. Tipos de contratos

La LCSP distingue diversos tipos de contratos, cada uno con su propio régimen jurídico y requisitos:

– Contratos de obras: Ejecución de proyectos de infraestructuras, conservación y restauración de inmuebles, instalaciones deportivas, etc.

– Contratos de servicios: Actividades profesionales para la Administración (consultorías, asistencias técnicas, servicios jurídicos, tecnológicos, de limpieza, seguridad…).

– Contratos de suministros: Adquisición de productos para satisfacer necesidades de las entidades del Sector Público.

– Contratos de concesiones de obras o servicios: Explotación de infraestructuras o servicios para la Administración por un período determinado.

– Otros contratos especiales: Por ejemplo, contratos mixtos o de colaboración público-privada, adaptados a procedimientos específicos.

3. Plazos

Los plazos para presentar ofertas y solicitudes de participación varían según el tipo de procedimiento y la regulación aplicable, de acuerdo con los artículos 156 y ss. de la LCSP:

– Procedimiento abierto (armonizado): Mínimo de 35 días para presentar ofertas de obras, servicios o suministros, y 30 días para concesiones de obras y servicios (art. 156.2 LCSP), ampliables a 40 días si no se utilizan herramientas electrónicas para la presentación.

– Procedimiento abierto (no armonizado): Mínimo de 15 días para presentar ofertas, o 26 días para contratos de obras, concesiones de obras y concesiones de servicios (art. 159.2 LCSP).

– Procedimiento abierto simplificado/súper simplificado: Mínimo de 10 días hábiles para contratos de menor importe y de 5 días hábiles para compras corrientes (art. 159.6 LCSP).

– Procedimiento restringido (armonizado): 30 días para solicitudes de participación y otros 30 para presentar ofertas (art. 160.2 y 160.3 LCSP).

– Procedimiento restringido (no armonizado): 10 días para presentar solicitudes de participación (art. 160.2 LCSP).

– Anuncio previo: Cuando se publica un anuncio previo (art. 134 LCSP), los plazos mínimos para presentar ofertas pueden reducirse a la mitad (de 35 a 15 días en procedimientos abiertos armonizados y de 30 a 10 días en restringidos), promoviendo la eficiencia en la preparación de ofertas.

A continuación se propone un cuadro resumen:

4. Recursos

Los interesados pueden presentar el Recurso Especial en Materia de Contratación, previsto en los artículos 44 y ss. de la LCSP, para garantizar que la adjudicación respete la Ley de Contratos del Sector Público. Se interpone en un plazo de 15 días hábiles desde la notificación de la adjudicación (art. 50 LCSP), con efecto suspensivo en la formalización del contrato para garantizar la efectividad de la revisión jurídica.

La presentación del recurso se realiza ante el órgano competente para la resolución de estos recursos (normalmente el TACRC o su homólogo autonómico). El procedimiento garantiza principios de contradicción y audiencia, promoviendo la transparencia y la seguridad jurídica en la contratación pública.

También caben otros recursos para aquellos actos no susceptibles de recurso especial, como el recurso de reposición (art. 123 Ley 39/2015) y, en última instancia, el recurso contencioso-administrativo, para garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos de los licitadores en materia de contratación pública.

5. Excepciones

La LCSP prevé supuestos en los que no es obligatorio seguir el procedimiento de licitación pública, tales como:

• Contratos menores: Servicios y suministros con importe inferior a 15.000 euros y obras inferiores a 40.000 euros pueden adjudicarse de forma directa, sin necesidad de licitación, respetando criterios de necesidad y eficiencia (art. 118 LCSP).
• Proveedor único: Cuando solo existe un proveedor posible por razones técnicas, artísticas, de exclusividad o protección de derechos de propiedad intelectual (art. 168 LCSP).
• Contratación de emergencia: Para atender necesidades urgentes e inaplazables de la Administración, se permiten procedimientos excepcionales sin licitación (art. 120 LCSP), siempre bajo control y justificación rigurosa.

6. Metodología y proceso para afrontar una licitación pública

Para abordar con éxito una licitación pública es fundamental contar con una estrategia bien estructurada y un conocimiento profundo del procedimiento. Algunos consejos prácticos basados en nuestra experiencia son:

• Estudie minuciosamente los pliegos: Es esencial dedicar tiempo a la lectura detallada de los pliegos administrativos y técnicos. Identificar desde el inicio cualquier requisito o condición que pueda resultar incompatible con su capacidad o recursos evitará problemas posteriores. Presentar una oferta sin haber evaluado completamente estas condiciones puede obligarle a retirarla después, lo que podría conllevar una prohibición de contratar con la Administración por una retirada indebida de la oferta, según el artículo 71 de la LCSP. Por ello, una revisión exhaustiva es clave para tomar decisiones informadas y seguras.
• Prepare una documentación impecable: Cumplir rigurosamente con la presentación de toda la documentación requerida, incluidos certificados, garantías, y declaraciones responsables, es fundamental para evitar rechazos por aspectos formales que restan puntos o invalidan la oferta.
• Inscripción en ROLECE: El Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ahora del Sector Público), es un certificado que se solicita en la práctica totalidad de procedimientos y lograrlo puede suponer trámites que se dilaten meses, si no lo tiene, consígalo antes de concurrir a una licitación
• Elabore una propuesta técnica sólida y diferenciada: Más allá de los aspectos económicos, las Administraciones valoran la calidad técnica, innovación y valor añadido. Adaptar la memoria técnica a los criterios de adjudicación y evidenciar experiencia y capacidad aumentará sus posibilidades.
• Optimice la oferta económica sin sacrificar la viabilidad: Una propuesta económica competitiva es imprescindible, pero debe ser realista y sostenible para evitar problemas durante la ejecución contractual.
• Controle estrictamente los plazos y comunicaciones: Estar atento a fechas de presentación, subsanación, aclaraciones y otros hitos del procedimiento evitará exclusiones por errores o demoras.
• Considere que tendrá que abonar una garantía: Los procedimientos de licitación, una vez se concluye la fase de revisión de ofertas y la Administración elige un adjudicatario, se le solicitará a este que satisfaga una garantía que normalmente equivale al 5% del valor de su oferta (sin incluir IVA), esta garantía, además de un gasto efectivo, supone un trámite bancario que podría consumir el plazo de satisfacción documental que se abre en la fase de adjudicación, por ello téngalo previsto de cara a conformar la garantía por vía de aval, seguro de caución, o a través de un pago único a la Administración
• Mantenga comunicación con la Administración: Utilice los medios oficiales, como la pestaña “solicitar información” dentro de la página de cada licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, para solicitar aclaraciones y consultar dudas relativas a los pliegos dentro de los plazos indicados para presentar oferta, evitando interpretaciones erróneas que puedan perjudicar su propuesta.

Implementar estas prácticas incrementa significativamente las probabilidades de éxito y minimiza riesgos. En Zabala-Elosegui Abogados contamos con experiencia especializada para asesorarle y acompañarle en cada paso del proceso de contratación pública.