Un paso clave en la responsabilidad patrimonial del Estado (indemnización accidente de tren)

El trágico descarrilamiento del tren AVE en Adamuz (Córdoba), que causó 46 fallecidos y más de 120 heridos en enero de 2026, ha impulsado una respuesta rápida del Gobierno español. Aprobado por Real Decreto-ley el 27 de enero y publicado en el BOE ese mismo día, el mecanismo establece indemnización por el accidente de tren para 210 víctimas (incluyendo el siniestro de Gelida), con un presupuesto de 20 millones de euros, priorizando la agilidad y la protección de los perjudicados frente a los largos procesos judiciales vividos en precedentes como el accidente de Angrois.

Esta actuación supone un reconocimiento implícito de la especial gravedad del siniestro y de la necesidad de garantizar una reparación temprana a las víctimas, evitando que la complejidad técnica y la duración de las investigaciones penales y contencioso-administrativas dejen a las familias en una situación de desamparo económico.

Detalles de las cuantías aprobadas

La indemnización de accidente de tren (y otros medios de transporte) se articulan en 14 categorías basadas en el baremo del Real Decreto 1575/1989 (Seguro Obligatorio de Viajeros), con importes que oscilan entre 2.404 y 84.141 euros en función de la gravedad de las lesiones corporales sufridas. En los casos de fallecimiento, la ayuda directa asciende a 72.121,46 euros por víctima, distribuida entre los beneficiarios legales (cónyuge, pareja de hecho, hijos, padres, hermanos u otros familiares dependientes), y está expresamente exenta de IRPF.

El pago deberá efectuarse en un plazo máximo de tres meses desde la solicitud completa, reforzando el carácter urgente y asistencial de la medida.

Es importante subrayar que estas cantidades tienen naturaleza de anticipos a cuenta de la responsabilidad civil, siendo plenamente compatibles con otras percepciones: indemnizaciones del Seguro Obligatorio de Viajeros, seguros privados de viaje, seguros de vida, daños en equipaje o futuras resoluciones judiciales. En ningún caso se exige la devolución si la indemnización definitiva fuera inferior, y si resultara superior, la cantidad estatal se imputará como pago a cuenta.

Marco legal y procedimiento

El Real Decreto-ley articula un mecanismo excepcional para accidentes de transporte colectivo de especial gravedad, asumiendo el Estado el papel de pagador inicial y reservándose la posibilidad de subrogarse en los derechos de las víctimas frente a los responsables (ADIF, Renfe Operadora u otros posibles sujetos responsables).

La tramitación se realiza por vía administrativa urgente, mediante la presentación de solicitud en las oficinas habilitadas del Ministerio de Transportes o de la Seguridad Social, sin que ello implique renuncia alguna a acciones civiles, penales o contencioso-administrativas posteriores.

Este sistema se fundamenta en la responsabilidad patrimonial del Estado prevista en el artículo 106.2 de la Constitución Española y desarrollada por la Ley 40/2015, cuando el daño sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. En el caso de Adamuz, las primeras investigaciones apuntan a deficiencias en el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, concretamente una rotura de soldadura en la vía, lo que refuerza la viabilidad de reclamaciones patrimoniales adicionales.

Reclamaciones complementarias y fase judicial

La percepción de estas ayudas no cierra la puerta a reclamaciones posteriores por conceptos no cubiertos, como:

• Daños morales adicionales, especialmente para familiares directos.
• Lucro cesante, en casos de fallecimiento o incapacidad permanente.
• Secuelas físicas y psicológicas no plenamente indemnizadas en el baremo inicial.
• Responsabilidad civil extracontractual, conforme a la Ley 35/2015, cuando concurran daños de especial intensidad.

Estas reclamaciones podrán ejercitarse una vez finalizada la investigación penal o de forma paralela, según la estrategia jurídica más adecuada para cada caso.

Implicaciones prácticas para víctimas y profesionales

La experiencia del accidente de Angrois, donde las familias tuvieron que esperar años para obtener sentencias firmes que superaron los 22 millones de euros en indemnizaciones, demuestra la relevancia de este tipo de mecanismos anticipatorios. Para las víctimas, supone una protección económica inmediata; para los abogados, abre un escenario de acciones acumulables y complementarias, en el que una correcta planificación jurídica resulta esencial para garantizar la reparación íntegra del daño.

Si eres víctima del accidente de Adamuz o familiar de una persona fallecida, es fundamental actuar con rapidez. Los plazos son limitados y la documentación (informes médicos, certificados de defunción, acreditación del parentesco, billetes de viaje, etc.) resulta determinante.